En Chile, más de 310 mil personas viven con discapacidad intelectual, de acuerdo a la Encuesta de Discapacidad y Dependencia de 2022. La cifra incluye niños, niñas, adolescentes y adultos. Se trata de personas que requieren de diversos niveles de apoyo y que encuentran múltiples barreras en la sociedad, que limita su plena inclusión.

En Fundación Coanil, queremos poner en el debate público la inclusión social de este importante grupo. Para esto, levantamos 12 propuestas enfocadas en 4 áreas clave: Atención Temprana, Educación, Empleo y Vida Independiente.

#1: Fortalecer la atención temprana de niñas y niños que presenten riesgos para su desarrollo.

Si bien ya existen políticas como Chile Crece Contigo – que entrega información y acompañamiento a las infancias en situación de discapacidad y sus familias – el desafío actual es avanzar en una atención oportuna desde sus primeros días de vida.

El propósito es crear e implementar programas y espacios de atención temprana que otorguen orientación para prevenir los efectos negativos derivados de la interacción entre la condición de base y las barreras del entorno.

#2: Establecer que salas cunas con financiamiento público cuenten con un equipo interdisciplinario.

El objetivo de esta medida es facilitar la autonomía y los aprendizajes tempranos de niñas y niños de 0 a 3 años que presentan riesgos en el desarrollo y están presentes en el sistema de educación parvularia regular.

Lo anterior debería considerar, además, la posibilidad de que escuelas especiales que cuenten con equipos especializados brinden atención a través de salas cuna para niñas y niños de 0 a 3 años.

#3: Establecer un sistema de financiamiento basado en matrícula y no en asistencia.

El sistema de pago de subvenciones para la educación escolar basado en asistencia es algo muy particular de nuestro país, siendo lo más usual utilizar la matrícula como variable principal.

Creemos que, especialmente en el caso de estudiantes con discapacidad, el pago por asistencia penaliza financieramente el ausentismo, en circunstancias que deberían destinarse recursos puedan enfocarse en parte a abordar el ausentismo trabajando distintas medidas con los estudiantes y sus familias.

Un primer paso en esta medida podría ser garantizar un piso mínimo de pago en base a
matrícula y alguna porción menor asociada a la asistencia.

#4: Adaptar las evaluaciones que realiza la Agencia de Calidad de la Educación a las y los estudiantes con discapacidad intelectual

Es necesario avanzar en un plan que en un plazo de tres años elabore y comience a aplicar instrumentos de medición de la calidad de la educación adaptados a estudiantes con discapacidad intelectual, tales como el Simce.

#5: Incorporar los beneficios de la ley SEP a las escuelas especiales.

Para ello se hace necesario incorporar con la mayor urgencia indicaciones al proyecto de ley en trámite que moderniza la Ley SEP, estableciendo que las escuelas especiales, que educan a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, sean beneficiarias de esta subvención especial.

#6: Elaborar un nuevo curriculum para el nivel laboral de la educación especial.

Se requiere de un nuevo currículum que responda a las necesidades de jóvenes que en pocos años deberán enfrentar el desafío de una vida laboral, contemplando la acreditación del nivel dado que hoy día no la tiene.

#7: Crear un programa de formación posterior a la educación secundaria para personas con discapacidad intelectual.

Esto podría abordarse considerando buenas prácticas externas – por ejemplo – los Itinerarios Formativos Específicos (IFE) en Cataluña o los programas de formación pre-laboral que existen en otras zonas de España vinculados a universidades u ONGs que apoyan a personas con discapacidad intelectual.

En general, estos programas consideran cursos de 4 años: dos iniciales con acento en el desarrollo de habilidades personales y dos posteriores con acento en el desarrollo de prácticas laborales y formación dual.

#8: Flexibilizar el uso de recursos de la Ley de Inclusión Laboral para fortalecer la inserción de las personas con discapacidad intelectual.

El proceso de inserción laboral debe entenderse como un proceso que cuenta con varias
etapas sucesivas y cíclicas en el tiempo.

Por tanto, el uso de los recursos debe contar con una flexibilidad tal que permita desarrollar un trabajo profundo en los distintos procesos que se requieren para una inclusión laboral exitosa, tales como la formación para el trabajo, la identificación de competencias y vocación personal, el trabajo continuo con un amplio y diverso conjunto de empresas potenciales contratadoras para identificar oportunidades, la adaptación de puestos de trabajo, el proceso de inserción laboral en la empresa y finalmente, la labor de acompañamiento continuo (probablemente decreciente en el tiempo en el caso de trayectorias más exitosas).

Debe tratarse de un servicio que esté siempre disponible para las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual en el acompañamiento del desarrollo de sus trayectorias laborales.

#9: Establecer incentivos para empresas por cada persona con discapacidad que esté trabajando en su dotación.

Las exigencias de la ley de inclusión respecto de incorporar personas con discapacidad ayudan mucho. Sin embargo, esto debe complementarse profundizando medidas de incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad intelectual.

#10: Crear un nuevo modelo de empresa con empleo protegido.

Se trataría de empresas especialmente acreditadas que cumplen con el requisito de contratar
mayoritariamente a personas con discapacidad intelectual (por ejemplo, con el 70% de su
dotación con discapacidad como ocurre en el modelo de centros especiales de empleo en
España).

Estas empresas contarían con un subsidio por un porcentaje de la renta de cada persona con discapacidad intelectual contratada (en el caso español asciende a la mitad de un sueldo mínimo, más el pago de la seguridad social), y podrían contar con otros aportes al desarrollo de su constitución, acceder de modo prioritario al mercado público y contar con un tratamiento tributario beneficioso.

Creemos que los recursos que se generan con las medidas de cumplimiento alternativo de la Ley de Inclusión Laboral podrían ser una fuente de financiamiento para esta propuesta, en la medida que el uso de dichos recursos se flexibilice.

#11: Expandir programas de viviendas tuteladas especializadas para personas con discapacidad intelectual.

Hay pocos apoyos para desarrollar una vida más independiente para adultos con discapacidad.

Se requiere un programa que facilite el acceso a la vivienda con subsidios para la adquisición o arriendo, que además brinde un servicio personalizado que preste los apoyos necesarios en las actividades diarias para el desarrollo de una vida independiente.

#12: Crear servicio de “Asistentes personales” para personas con discapacidad intelectual.

Se trataría de un servicio similar al propuesto en el punto 11 anterior, pero para personas con discapacidad intelectual que vivan en contextos diversos, ya sea con su familia o de manera independiente y que requieran, para lograr una vida más independiente, este servicio de apoyo.